España pena con hasta 300.000 euros la cesión de datos que permite Trump

Estados Unidos permite a los proveedores de Internet vender información de usuarios sin consentimiento previo.

Donald Trump vuelve a marcar distancias con la administración Obama y, en este caso, los afectados son la práctica totalidad de los estadounidenses, ya que con solo navegar por Internet verán peligrar su privacidad, que hasta esta semana estaba amparada por la ley. La derogación de la norma que garantizaba la seguridad en la Red y que permite a los proveedores de conexión a Internet comercializar historiales de búsqueda y localizaciones de usuarios ha hecho saltar las alarmas, tanto en los dominios de Trump como en otros puntos del globo, donde muchos se preguntan si tras la aprobación del texto, que supone el triunfo de las compañías de telecomunicaciones, empezará una nueva era en la que los internautas pasarán a tener una desprotección prácticamente total, pues su información privada se podrá vender por defecto salvo que el consumidor solicite expresamente que no sea así.

Los más de doscientos votos a favor de los republicanos con los que pudo salir la norma adelante se cimentan en que este paso era necesario para eliminar regulaciones previas que consideran excesivas. Así, a partir de ahora, proveedores como Comcast, Verizon y AT&T, que tenían la obligación de proteger a sus usuarios solicitando un permiso previo para poder compartir datos como la geolocalización, la información financiera, de salud, de los menores o incluso el historial de navegación, tendrán ahora potestad para vender los datos sin consentimiento alguno. En España, hasta la fecha, «el derecho a la protección de datos está protegido constitucionalmente, y el respeto a este derecho es una de las limitaciones que se pone a la libertad de expresión», explica la abogada Vanesa Arbesú, del despacho lucense Jacobo Vázquez Abogados.

De mano en mano

El también abogado Rafael Arangüena tampoco cree que este tipo de medidas puedan llegar a España, «aunque en cualquier momento puede cambiar la legislación». Además, por otro lado, recuerda «que el problema es que tú cedes tus datos a una empresa, muchas veces marcando una X en una casilla que no lees; esos datos van pasando de compañía en compañía porque forman parte del mismo grupo y tú te preguntas: ‘¿Por qué me mandan correos de tal sitio que yo no he visitado para nada? Y es por esta clase de cosas». El filón es que en este caso sí se ha dado permiso para mercadear con información del usuario. En España, según mantienen los expertos consultados, la Agencia Española de Protección de Datos, encargada de velar por la seguridad de los ciudadanos en el ámbito digital, no se anda con chiquitas y las multas con las que llega a sancionar a un particular o a una empresa por robar datos son «escandalosas», apunta Arangüena. Sin ir más lejos, la sanción por «no tener el consentimiento del interesado para recabar sus datos personales» puede llegar a superar los 300.000 euros

 

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